El 28 de septiembre de 2010, el representante de la República Islámica de Irán ante las Naciones Unidas, Mohammad Khazaee (aún en el cargo), dirigió una nota al presidente de la Asamblea General en la que contestó las observaciones formuladas por la presidente Cristina Kirchner durante aquel debate, donde la mandataria argentina reclamó la incorporación de un tercer país neutral para realizar el juicio por el atentando a la AMIA.

En el anexo de la misiva presentada por Irán existen afirmaciones graves. El gobierno iraní acusó al gobierno argentino de realizar arrestos ilegales, acosos e incluso torturas durante la investigación.

Según el texto al que tuvo acceso Infobae, en el punto cuarto, inciso C, el régimen de Ahmadinejad sostiene que: "El Gobierno de la Argentina está obligado en virtud del derecho internacional a adoptar medidas para restituir los derechos de los ciudadanos iraníes acusados sin fundamento y de las muchas personas que han sido arbitrariamente arrestadas, acosadas e incluso torturadas y posteriormente puestas en libertad sin explicación alguna. La República Islámica de Irán se reserva el derecho a adoptar las medidas jurídicas adecuadas para restituir los derechos de sus ciudadanos".

En el mismo texto se señala que "se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión" que causó 85 muertes en la sede de la mutual judía.

Asimismo, sostiene que "el gobierno de la Argentina es responsable de haber colaborado con grupos terroristas, en particular con la conocida Organización Muyahidin Jalq, cuyas actividades terroristas mataron e hirieron a miles de civiles iraníes inocentes".
 

En la carta también se culpa a nuestro país de pagar sobornos para "inducir testimonios inventados contra ciudadanos iraníes" y espionaje.

El Ejecutivo argentino "es responsable en virtud del derecho internacional de numerosas violaciones del derecho diplomático, en particular de la escucha de comunicaciones de la Embajada iraní en Buenos Aires, y deberá hacer rendir cuentas de sus actos a las personas implicadas en esos actos ilegales y evitar que continúen tales injerencias".

En otro punto, aclaran que "todos los Estados, incluida la República Islámica de Irán, tienen la obligación, en virtud de la ley, de proteger a sus ciudadanos contra cualquier violación de sus derechos" y reclaman el Gobierno nacional que "desista de reiterar las improcedentes hipótesis" sobre la participación de iraníes en el ataque.

Para finalizar, el texto sostiene que "tampoco se ha respetado debidamente el principio de las garantías procesales” y concluye afirmando que "la investigación criminal de este caso está plagada de irregularidades y carece de todos los atributos esenciales de una resolución judicial”.

De esta manera, y una vez más (ya realizaron presentaciones similares en 2007,2008 y 2009), el régimen iraní expresa su posición respecto de los crímenes y la investigación de la causa.