La norma regirá desde mañana en todo el Poder Judicial. Se apuesta a la oralidad y a la automatización en juzgados piloto. Se promueve el lenguaje claro.
Se presentó oficialmente ayer el nuevo Código Procesal, Civil y Comercial de Corrientes, que comenzará a regir mañana en toda la provincia. La norma promete marcar tendencia en el país y Latinoamérica por su modernidad: promueve la oralidad y el predominio del lenguaje claro en el proceso, sin abundancia de tecnicismos y términos académicos.
Los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan y Fernando Niz, expusieron las bondades de la nueva norma. Estuvieron acompañados por los actores judiciales que lideraron el proceso de readecuación del sistema informático que será el puntal del Código. La automatización se hará a través de pruebas piloto en varios juzgados para luego extender a todas las circunscripciones.
“El juez recupera su rol ante la sociedad. El proceso deja de ser privatista para ser publicista. El derecho público está en juego porque también cuidamos el presupuesto, cuando un proceso se judicializa, se encarece y toda la sociedad asume el costo de ese proceso que no finaliza nunca. Entonces nosotros tenemos que pensar primero en resolver el conflicto, que no se judicialice, que el abogado recupere su autonomía de negociación y diálogo, hablar con la contraparte y agotar el diálogo previo al proceso judicial”, explicó Semhan a El Litoral.
“Este Código es volver a la fuente, donde la parte planteaba la causa, se fijaba el hecho y el juez decía esta es la teoría del caso: el actor debe probar esto y el demandante, lo otro. No más de 30 años ofreciendo y produciendo pruebas. Se fija la audiencia final y declaran todos en una sola audiencia. El alegato puede ser oral y el juez dicta sentencia dentro de un plazo razonable”, agregó.
“La oralidad, la no formalidad, y la tecnología es otro de los puntales del nuevo Código. Todo será filmado y grabado. Se apuesta a la despapelización y rapidez”, insistió.
La doctora Andrea Ferreyra detalló que el proceso de automatización se realizó mediante un intenso trabajo de relevamiento. “La automatización se inicia con juzgados piloto en Capital y Curuzú Cuatiá. En Capital en el Juzgado Civil y Comercial Nº 12, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, las presidencia de Cámara con sus cuatro salas, y en el Superior Tribunal la secretaría jurisdiccional N° 2. Todo será con sistemas automáticos y notificaciones electrónicas”.
La nueva norma tiene 750 artículos y su elaboración se inició en 2015. “Este es un Código que surge por los jueces de primera instancia. Nosotros convocamos a las partes y luego la Legislatura amplió la convocatoria con las comisiones. Es un desafío, pese a la escasez de recursos. Nosotros gestionamos, dialogamos y buscamos soluciones”, dijo Semhan a El Litoral.
Consultado sobre la política de género, el ministro fue claro: “Siempre fue política del Superior Tribunal velar por todos. En toda la provincia tenemos 37 juezas en el fuero Civil y Comercial y 35 jueces. La paridad está clara”.
La norma, que contiene 750 artículos, constituye un cambio que revitaliza el proceso civil y comercial y normativiza sus principios. Su objetivo es alcanzar la efectividad de los derechos sustanciales, observando el bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad.
Es calificada de trascendental ya que pone el foco en el protagonismo de los sujetos que demandan el servicio de justicia; la protección de los derechos de grupos en condición de vulnerabilidad por su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales; la continuidad de las audiencias orales; el contacto entre el juez y las personas; los procesos judiciales sujetos a plazos razonables; y el uso obligatorio del lenguaje claro y sencillo.
“Apostar a la flexibilidad de las normas”
La presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (Jufejus) doctora María del Carmen Battaini aseguró que Corrientes era “un ejemplo en materia de acceso a justicia” y que además del doctor Fernando Augusto Niz, quien preside la Comisión del mismo nombre en la entidad, todos los Ministros del STJ trabajan en el idéntico sentido.
Sostuvo que la Ley N° 6556 constituía “un código de procedimiento de avanzada, que regulaba todo lo que los jueces han venido recogiendo como experiencia a lo largo de estos años” y destacó no sólo su base jurídica sino ética. Agregó que la normativa “apostaba a flexibilidad de las formas, a la tecnología inteligente, y colocaba una impronta muy fuerte en las personas y en infraestructura”.
Expresó sus felicitaciones por la ley y auguró que “debía recibir todo el empuje para que diera los frutos que se merecía” y en especial, valoró la protección de las personas en estado de vulnerabilidad que se plasmó en la normativa.
“Logro histórico”
El ministro doctor Fernando Augusto Niz, uno de los supervisores designados por el STJ para coordinar el trabajo de la implementación, calificó de “logro histórico” este instrumento que es garante del ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución Nacional.
Subrayó la extraordinaria la labor de magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial que de manera democrática participaron de capacitaciones previas y ofrecieron soluciones a situaciones que se presentan a diario, además de demostrar su vocación de servicio, y su convicción en el valor justicia.
Se refirió así a una serie de encuentros planificados que se extendieron desde septiembre a noviembre al que asistieron activamente también integrantes de la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Dirección Nacional de Mediación, organismos que concluyeron que este cuerpo normativo “aseguraba la protección de derechos sustanciales y garantizaba la tutela efectiva”.
Y enfatizó la importancia de los métodos alternativos de resolución de conflictos, la labor de los Facilitadores Judiciales de la OEA, la experiencia positiva de los Centros Judiciales de Mediación, los jueces de Paz y la Inspectoría de Justicia de Paz, que hace años aplican abordajes interdisciplinarios y se dedican especialmente a los sectores más vulnerables de la población.
“Avance de calidad”
El doctor Guillermo Horacio Semhan, también supervisor designado por el STJ para coordinar el trabajo de la implementación de la norma, afirmó: “No se trata de un retoque, es un cambio profundo que revitaliza el proceso” y permite un “gran avance en la calidad de los procesos”.
Destacó la libre adaptabilidad de las formas y la normativización del proceso por audiencias; y enfatizó que la Ley N° 6556 apostaba al bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y los tiempos razonables.
“A partir del 1° de diciembre los 33 jueces de primera instancia, los 18 jueces de segunda instancia y los 21 jueces de paz totalizando y todos los abogados de la matricula ingresan al proceso judicial de juicios por audiencias, pensando siempre en mejorar la calidad de vida de los correntinos”.
“Responder las exigencias del ciudadano común”
El Fiscal General del Poder Judicial, doctor César Sotelo, auguró éxitos a los operadores judiciales que lo pondrán en práctica a partir de este miércoles, porque, dijo, es una modernización “histórica que nos hará sentir orgullosos a todos”.
Puso de manifiesto que en estos dos años, más allá de la pandemia, el servicio de justicia “progresó y se modernizó de acuerdo a las exigencias”. “¿Las exigencias de quién”?, se preguntó: “Las del ciudadano común, centro de todas nuestras políticas”, dijo el Fiscal General. Y resaltó, entre las bondades de este nuevo código, la garantía del “acceso a justicia para los más vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad y, los que lamentablemente son cada vez más, aquellos que están por debajo de la línea de pobreza”.
“Ejemplo de cooperación entre Poderes del Estado”
Al cierre del acto, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, remarcó la idea originaria de la Corte Provincial de actualización y readecuación de todas las normas procesales.
“Me consta y se del trabajo denodado de los operadores del Poder Judicial, labor que luego se fue convirtiendo en anteproyectos, que ampliaron la mirada con Comisiones de Trabajo y pulieron la letra de lo que fue enviado al Poder Ejecutivo y al Legislativo”.
“Y concretarlo es un ejemplo de cooperación de Poderes del Estado, tenemos en esta provincia un objetivo común: mejorar la calidad de vida del ciudadano, y esto demuestra a través del trabajo mancomunado”, afirmó.
Ratificó las bondades ya señaladas de la normativa y auguró que los cambios serán positivos.
El Litoral
