Tras la aplicación del aumento del 4% de los tubos, autorizado por Nación, la Provincia inició ayer las inspecciones para evitar incrementos excesivos en las distribuidoras. Con el envío a domicilio, el producto puede subir hasta más de 100 pesos.

Luego de que el sábado pasado haya comenzado a regir el último incremento autorizado por el Gobierno nacional para las garrafas de gas licuado, de alrededor del 4%, la Provincia inició ayer  los controles correspondientes para evitar que las plantas distribuidoras del producto cobren más de lo debido. Con esta actualización, un tubo de 10 kilogramos (el más comprado) pasó a costar 320 pesos si se lo adquiere en las sedes de estas empresas.

Si bien hasta ayer a la tarde no contaban aún con el informe detallado, desde la Subsecretaría de Comercio y Defensa del Consumidor indicaron que, en líneas generales, estos comercios no incurrieron en infracciones respecto a importes indebidos. Esto era de esperarse puesto que en los días previos tampoco hubo alteraciones en los números, a diferencia de enero de este año, cuando algunas empresas se adelantaron al incremento que había anunciado Nación, el cual iba a regir unas semanas después.

Lo cierto es que, más allá del tope, no existe regulación que impida que estas firmas exijan un monto superior a la hora de vender una garrafa a domicilio. Es que, según excusan, se trata de un servicio extra que cobran al usuario, el cual no está contemplado dentro del ámbito de control de la Nación.

Es así que los precios del producto pueden llegar a trepar hasta 100 pesos más en algunos lugares, y que son moneda corriente entre las quejas de los consumidores. El área de Comercio provincial conoce estos reclamos, pero no tiene las competencias necesarias para actuar en consecuencia.

En este contexto, varias personas comentaron en las redes sociales de este medio acerca de los nuevos valores  en el delivery que trajo consigo el incremento oficial. Los casos más comunes hablaban de una garrafa de 10 kilogramos a 430 pesos, 100 pesos más que en las plantas distribuidoras. Otros, sin embargo, señalaron que el importe llegaba a los 440 como en algunas localidades del interior.

También los comercios barriales aplicaron subas, y para ellos también rige la exención de controles, puesto que cada vendedor debe tener su margen de ganancia, siempre y cuando no se aleje de manera exagerada del número inicial.