Unos $260 millones es el total de deuda capitalina expuesta a principios de esta semana por autoridades de organismos autárquicos descentralizados provinciales.
En la conferencia de prensa convocada para tales efectos en el Salón de Acuerdos del Palacio San Martín (sede del Ministerio de Hacienda y Finanzas), el subinterventor de la Dirección Provincial de Energía (DPEC) Alfredo Aún, habló de un pasivo cercano a los $147 millones por parte de la Comuna. El gerente general del Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR) Gustavo Vega, contabilizó otros $83 millones, a los que la interventora del Instituto de Previsión Social (IPS) Lorena Lazaroff incorporó unos $30 millones más.
La sumatoria arroja así un pasivo de $260 millones, que fue rechazado de pleno por la gestión que encabeza el intendente Fabián Ríos.
“Es un reclamo proselitsita para ocultar el tarifazo de luz” replicaron fuentes de la Secretaría de Economía y Fianzas citadina, desde donde aseguraron que “nada de eso es cierto”.
Ello, porque “con DPEC se firmó un convenio durante esta gestión, que pone fin a los reclamos recíprocos y a la vez se transfiere el cobro por el servicio doméstico y de las luminarias municipales”, explicaron.
Las mismas voces aseguraron a periodistas de época que mediante el acta en cuestión “la Municipalidad no acumula un solo peso de deuda con la distribuidora de energía provincial”.
Por otra parte, indicaron que en materia previsional ocurre algo similar, con una diferencia que estriba en el vínculo.
“Lo del IPS tiene que ver con la Caja Municipal de Préstamos, por lo que tampoco la administración citadina registra deuda ya que es un ente autárquico descentralizado”, sostuvieron.
Entretanto, la relación con IOSCOR no encuentra visos de solución a su complejidad.
“La obra social de la provincia retiene aportes en función de lo estipulado en el convenio homologado por la Corte provincial y por Ordenanza municipal”, explicaron las fuentes aludidas, “pero no nos aplican descuentos por cobro de la deuda según lo establecido en el mismo convenio”, aclararon.
Ediles de ECO acuden a la Justicia por datos de fideicomiso
Un grupo de concejales del interbloque Encuentro por Corrientes (ECO+Cambiemos) accionó judicialmente contra el Municipio capitalino y la Caja Municipal de Préstamos, por falta de información económica sobre las obras de urbanización de Santa Catalina.
En el amparo solicitado ante el Juzgado Contencioso Administrativo, los concejales opositores arguyen que el Departamento Ejecutivo Municipal “incumplió” con la remisión de informes períodicos establecidos por Ordenanza sobre el estado de avance de las obras en el ex predio militar, y que “por ello se decidió recurrir a la justicia”, aclararon en un comunicado de prensa.
En total “trece fueron los pedidos de informes realizados en los últimos años” expresaron fuentes cercanas al interbloque ECO+Cambiemos, “cuatro informes en el 2014, otros cuatro más en el 2015, el mismo número durante 2016 y uno pendiente del 2017, ninguno tuvo respuesta”, precisaron.
